La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha destapado una compleja red criminal dentro de la Brigada XVI del Ejército. Esta organización se valió de la estructura institucional para camuflar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008. La decisión de la JEP subraya un aumento artificial de resultados operacionales bajo el mando del mayor general (r) Henry William Torres Escalante en esta región. La JEP, en su tercer auto de determinación de hechos y conductas del caso 03 sobre ‘falsos positivos’, detalla la masividad de esta práctica. Esta conducta permeó todos los niveles de la Brigada XVI, con el objetivo de llevar a cabo ataques organizados y a gran escala.
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El propósito era asesinar a personas indefensas y presentarlas falsamente como caídas en combate. El expediente documenta cómo el Gaula Casanare, con solo 70 miembros, logró resultados similares en asesinatos al Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), que contaba con más de 1.000 hombres. Esto se consiguió mediante el uso de su estructura, la participación de militares conocedores de la práctica y una mayor afluencia de recursos públicos para pagos por información.
Víctimas y Crímenes Inéditos
La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, entre 18 y 25 años. Sin embargo, en el subcaso Casanare, la JEP recopiló información sobre el asesinato de nueve mujeres, incluyendo una embarazada, dos trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa. Por primera vez, la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. Adicionalmente, se imputa el crimen de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes. Esto se debe a la involucración de menores de 18 años como reclutadores o partícipes en el engaño que llevó a la muerte a varias víctimas.
Quiénes son los Imputados
A través del auto 055, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles reclutadores. Estos individuos son responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008. Estos crímenes representaron casi dos tercios de los resultados reportados por esa unidad militar en dicho periodo. La JEP exige reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y tres partícipes no determinantes por la muerte de 303 personas en 218 eventos. Estos hechos ocurrieron en Casanare, municipios de Boyacá, Meta y Tame (Arauca). Entre los imputados se encuentran un mayor general, dos coroneles, tres tenientes coroneles, otros diez oficiales y seis suboficiales.
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